El Senado aprobó ayer, de forma definitiva, el Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Se completa así la reforma legal del sector inmobiliario, tras la nueva Ley del alquiler. La ley se aprobó gracias a la mayoría absoluta del PP, que no admitió ninguna enmienda. Por tanto, el texto no volverá al Congreso, sino que se publicará en el BOE y entrará en vigor cuanto antes. Si hubiera vuelto a la Cámara Baja, no se podría haber aprobado hasta septiembre.

La importancia de la norma radica en el cambio de modelo inmobiliario que incentiva: después de décadas en las que la construcción de nuevas viviendas ha sido hegemónica, la atonía del sector obliga a derivar el negocio hacia el lavado de cara del envejecido parque de viviendas español. El porcentaje que representa la rehabilitación en España en relación con el total de la construcción es del 28%, trece puntos por debajo de la media europea (41%).

Esa nueva estrategia económica se explotará con incentivos: eliminando burocracia, con facilidades para las comunidades de vecinos, simplificando la legislación. Así, se simplifica el sistema de votación de las comunidades de propietarios, que se regía por la regla de los tres quintos y en el que un solo vecino podía bloquear alguna actuación. Ahora con mayoría simple bastará en muchos casos (ascensores, por ejemplo).

La norma Instaura un nuevo modelo de colaboración público-privada, para que sea el propio ahorro energético del edificio que se consiga tras las obras el que sufrague la rehabilitación. Además, los propietarios podrán constituir sociedades de pleno derecho en el sector, y acceder así con mucho más facilidad a financiación. Y las obras menores también optarán a las ayudas públicas.

El Ejecutivo ha calculado que con el nuevo marco legal y, sobre todo, con el Plan de Vivienda y Rehabilitación, se crearán 105.000 empleos en cuatro años. Jaime Mateu, el senador popular que ha llevado el peso de la tramitación de la ley en el Senado, aseguró ayer a EXPANSIÓN que, con esta ley, el Gobierno apuesta de nuevo “por la construcción como motor de la dinamización de la economía”.

La norma apuntala la accesibilidad de los edificios antiguos. Hay “más de 3 millones” de pisos en edificios que tenían que acometer una rehabilitación forzosa antes de 2016 para ser accesibles, pero el Gobierno les dará 2 años de margen extra, hasta 2018. Los ayuntamientos forzarán estas rehabilitaciones.

 

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fuente: Expansión