Los puntos clave de la norma que entra en vigor hoy son los siguientes:
Licencia única.
Las empresas podrán comercializar cualquier bien o servicio en cualquier parte de España bajo el principio de licencia de origen. Es decir, bastará con que cumplan las leyes de la autonomía en que residan jurídicamente, aunque si lo desean podrán acogerse a otra regulación regional.
Confianza mutua.
Las administraciones públicas y locales deberán reconocer como válidos aquellos permisos de actividad expedidos por otros territorios.
Discriminación.
Ninguna administración podrá negar el ejercicio de una empresa o un profesional por razones de su origen o lugar de residencia jurídica.
Criterios lingüísticos.
El Gobierno se acoge a la normativa europea para reconocer a las regiones con lengua cooficial que etiqueten sus productos en dicha lengua. Al principio de su elaboración, la Ley impedía expresamente la discriminación lingüística a la hora de conseguir licitaciones públicas, pero la cláusula se eliminó en los sucesivos borradores.
Papel de la CNMC.
El nuevo ‘superregulador’ podrá suspender cualquier norma autonómica que vulnere la unidad de mercado. Las empresas podrán acudir a este organismo si creen que la administración en la que operan no cumplen la ley.
Consejo para la Unidad de Mercado.
Es un nuevo órgano para vigilar que se cumple la norma. Estará presidido por el ministro de Hacienda (actualmente, Cristóbal Montoro) y contará con la presencia del Secretario de Estado de Administraciones Públicas (Antonio Beteta) y el Secretario de Estado de Economía (Fernando Jiménez Latorre).
